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El gobierno prepara una nueva embestida contra la industria del cine nacional tal como hizo en abril de 2017, cuando intentó ajustar las arcas del Instituto Nacional Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La crisis autoinflingida por su administración requiere de fondos de todas las áreas del Estado para cubrir las necesidades de financiamiento a las medidas de “alivio”, lanzadas semanas atrás cuando se volvió a disparar la inflación producto de la desconfianza en la capacidad del gobierno para afrontar la ultima corrida cambiaria. Mauricio Macri busca la reelección y está empeñado en redistribuir recursos para disimular la el estado en que deja al país.

Con este objetivo en la mira, el Poder Ejecutivo se dispone a echar mano a los fondos con que el INCAA apoya la producción y distribución del cine argentino. Cabe destacar que estos recursos nos salen del erario público sino de un porcentaje que el instituto cobra de las entradas de cine, es decir se autofinancia.

Diversas fuentes confirmaron que hoy se realizó una reunión de urgencia para discutir cómo afrontar este nuevo ataque al cine y en definitiva a la Cultura. Pronto se conocerá un comunicado del sector.

La maniobra, según trascendió, consistiría en derogar mediante un decreto -rubricado el pasado viernes- la resolución 981, que establece un premio incentivo para las empresas distribuidoras que distribuyan películas nacionales a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, una herramienta para la promoción en el país de actividades vinculadas a la difusión y exhibición de películas argentinas.

La nueva resolución impondría requisitos imposibles de cumplir y de esta forma se evitaría destinar ese dinero a la exhibición de cine argentino y de paso, habilitará más pantallas para los tanques de Hollywood, un viejo reclamo de los exhibidores.

Además, buscaría eliminar del medio a las distribuidoras “garantizando” pantalla a las películas argentinas a través de los Espacios Incaa -como el Cine Gaumont-, que si bien son una herramienta vital para la industria, no reemplazan a las grandes salas comerciales e impedirían que el público que consume películas nacionales pueda disfrutar de las comodidades y servicios que ofrecen los grandes circuitos.

Fuentes del sector consultadas por PdN explicaron que si efectivamente se publica en el Boletín Oficial la derogación de la resolución 981, no existe forma de subsistir y decenas de empresas dedicadas a la distribución de cine argentino deberán bajar sus persianas y despedir a todo su personal. Es decir, en consonancia de todas las decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri en sus casi cuatro años de gestión, arrasando con las pymes y dejando un tendal de nuevos desocupados.

Las cartas están sobre la mesa y dependerá de la industria volver a frenar este ataque del secretario de Cultura, Pablo Avelluto, y el presidente del INCAA, Ralph Haiek, que cómo en cada oportunidad que se instrumenta una medida incómoda, se borra, esta vez al Festival de las Alturas, en Jujuy

El Instituto de Cine viene de escándalo en escándalo desde hace años. En 2017 Pablo Avelluto, entonces ministro de Cultura, pidió la renuncia de Cacetta “debido a la necesidad de acelerar y profundizar los procesos de mejora administrativa en el INCAA”. Cacetta había asumido con la victoria de Mauricio Macri y con amplio consenso de la industria. Si bien en su comunicado Avelluto admitía su “compromiso” durante su gestión, al mismo tiempo pidió que la Oficina Anticorrupción investigue presuntas “inconsistencias en los gastos (del INCAA)”.

La medida se tomó luego de que la noche anterior se emitiera un informe plagado de imprecisiones en el programa “Animales sueltos” por canal América sobre sospechas de corrupción e irregularidades en el INCAA, por lo que muchos representantes del sector cinematográfico hablaron de “operación mediática”.

Así las cosas, de confirmarse la nueva resolución las autoridades del INCAA estarían firmando el certificado de defunción de nuestro cine.

Esta nota fue publicada originalmente en el portal PdN

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